El germen de un movimiento social paneuropeo

Lo normal es que la finalización de un congreso internacional signifique para los organizadores el final de su trabajo y el momento de hacer balance y descansar del esfuerzo realizado. Sin embargo, no va a ser ese el caso para los miembros del Corporate Europe Observatory (CEO), que los pasados sábado 5 y domingo 6 de mayo organizaron con el Transnational Institute el congreso europeo ’UE en crisis: análisis, resistencia y alternativas a la Europa corporativa’ en Bruselas. Curiosamente, tras el congreso este grupo de investigadores y activistas tiene ante sí más tarea pendiente, no menos. Y aún más curioso, ellos están encantados de que así sea.

La razón es que este evento paneuropeo no era un fin en sí mismo sino un medio hacia una meta mayor. No culminaba un ciclo sino que lo iniciaba. Y lo más relevante, y lo más difícil, es el proceso que ahora comienza de articular un movimiento social paneuropeo cohesionado y efectivo de activistas, investigadores y organizaciones. Un movimiento plural y descentralizado, respetuoso con la identidad y autonomía de cada iniciativa, pero que las integre todas en una red que mancomune recursos e información bajo un diagnóstico, una agenda de prioridades y una estrategia comunes. Una plataforma que surge con vocación de integrar, explican sus impulsores, a todas las organizaciones, grupos o individuos que actúan de forma concreta en oposición a la ola neoliberal de recortes y desregulación que actualmente amenaza con barrer el modelo social europeo, fraguado laboriosamente tras décadas de luchas, acuerdos y conquistas sociales.

Desarrollar, potenciar y dotar de contenido la agenda política compartida y la línea de trabajo del movimiento social europeo es la tarea que se han puesto a sí mismos los 300 líderes sociales, activistas e investigadores que acudieron a Bruselas, y que consensuaron un punto de partida operativo y aceptable para todos: una línea de respuesta progresista común frente a la agenda conservadora de los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias sobre las que más influyen: singularmente, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo (BCE). El mal llamado ‘Pacto Fiscal’, la austeridad del llamado eje Merkozy y el relegamiento del Parlamento Europeo han acabado por hacer fraguar una reacción más enérgica y concienciada que nunca en el movimiento social de la UE. El furor por los recortes ha generado tal nivel de rechazo y ha provocado tal nivel de desigualdad, pobreza, paro y pérdida de derechos ciudadanos que ha galvanizado una réplica a escala continental sin precedentes en el ámbito social. En suma: frente al neoliberalismo europeo, una apuesta por activismo social europeo.

Fuerte acento español

En el acomodado barrio bruselense de Louise, la magnífica sede de la Maison des Associations Internationales (Casa de las asociaciones internacionales) casi se quedó pequeña para albergar a los asistentes venidos de toda la UE, pero también de países como Noruega, Serbia e Islandia, e incluso hubo delegados procedentes de fuera de Europa. Cerca de 40 asistentes llegaron de España, entre ellos una nutrida y activa delegación de indignados y de miembros de Democracia Real Ya, así como representantes de organizaciones como Ecologistas en Acción, Asamblea de Cooperación por la Paz, Attac España, Grupo 17 de Marzo, y la Asociación Amigos de la Capacitación y el Trabajo, entre otros.

En el transcurso del congreso ‘UE en crisis’ el debate fue rico y franco, las posiciones apasionadas, el sentimiento de urgencia muy intenso. Ni faltaron ideas sugerentes ni faltaron puntos de desacuerdo ni ponentes brillantes. Tampoco faltaron llamadas al consenso y a mantener la perspectiva de una necesaria acción común, desde la convicción de que la natural multiplicidad de causas y tácticas a nivel local es compatible con la deseable convergencia de prioridades y estrategias a escala europea. Lo más importante: lo que hubo en abundancia fue ejemplos de buenas prácticas de las que aprender, de sugerencias para buscar nuevos aliados, de llamamientos a ser efectivos y concretos, y de iniciativas ya en marcha con las que colaborar a corto y a medio plazo.

Despliegue desbordante de iniciativas

Para empezar, par el sábado 12 (y el martes 15) se convocaron manifestaciones y actos de protesta en 193 ciudades de 39 países distintos, con motivo del primer aniversario de la eclosión de los indignados. En Bruselas se organizó ese día, en el marco del movimiento Real Democracy Now Global Spring, una gran manifestación de la plataforma Global Change en la Gare du Nord, seguida de asambleas populares temáticas. Del 16 al 18 de mayo, la plataforma Blockupy Frankfurt organizó una serie de concentraciones, vigilias, debates, talleres, seminarios y demás acciones de protesta en el barrio financiero de Francfort, donde se encuentra la sede del BCE: tales acciones culminarón en la manifestación del día 19 al mediodía en la Basler Platz. Los activistas expresaron su apoyo unánime a la campaña que a lo largo de todo este mes de mayo se está desarrollando en Irlanda, la Campaign Against Austerity Treaty, que promueve el no al referéndum que se celebrará el próximo 31 de mayo acerca de si apoyar el “ataque a la democracia perpetrado por el tratado de la austeridad”.

La reunión de Bruselas sirvió efectivamente de marco idóneo para lanzar varias iniciativas más, que se encuentran en plena ebullición. Por una parte, de cara a la cumbre internacional Río+20, del 20 al 22 de junio, una serie de organizaciones han adoptado una posición activa con la declaración ‘No más control y cooptación empresarial de la ONU’ y están concretando una estrategia común muy crítica con la mercantilización y el expolio de la naturaleza que expresa el documento inicial de trabajo, en línea con el peculiar concepto de la Comisión Europea de “economía verde”.

Durante el congreso se presentó asimismo la que será probablemente la primera iniciativa ciudadana europea, que bajo el título ‘Water and sanitation are a human right!’ reclama que la UE aplique el reconocimiento que la ONU dio el 28 de julio de 2010 (resolución 64/292 de la Asamblea General) del agua potable y el saneamiento como derechos humanos inalienables, y denuncia la presión de los lobbies sobre la Comisión para lograr una privatización del suministro de agua y de los servicios de alcantarillado. Esta campaña, impulsada por la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU, por sus siglas en inglés), necesita lograr el respaldo de un millón de europeos y ha empezado por enviar una carta pública al comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el liberal-centrista finlandés Olli Rehn.

La creatividad y la determinación son el motor de algunas otras iniciativas que se presentaron en el congreso bruselense. En Grecia, una plataforma ciudadana ha demandado a su gobierno ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya bajo la acusación de que las medidas proausteridad son crímenes contra la humanidad, un alegato menos extremo de lo que parece después de que el experto de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, Cephas Lumina, dictaminara el pasado julio que los recortes y las brutales reformas constituían violaciones de los derechos humanos.

Para noviembre se preparan dos eventos que seguramente tomarán el relevo lanzado este fin de semana en Bruselas. Del 1 al 4 se celebrará en Florencia el Firenze 10+10, un evento “socialmente inclusivo” pensado para apuntalar convergencias entre activistas europeos, construir alianzas e iniciativas concretas en común y honrar el recuerdo del primero Foro Social Europeo, celebrado hace una década. Aún no se sabe la fecha exacta ni la sede de la Alter Summit-Joint Social Conference, una “cumbre alternativa” que restaure la democracia europea y reaccione contra los dictados de la Comisión, el Ecofin (Consejo de los ministros de Finanzas de los 27) y el BCE.

¿Los límites de lo posible?

Los congresistas de Bruselas constataron que este nivel de movilización se está topando con una creciente represión por parte de las autoridades europeas. De hecho uno de los conferenciantes estrella del evento, el ensayista, académico y activista filipino Walden Bello vio vetada su entrada a Bélgica pese a su prestigio internacional, pese a venir de EEUU, donde es profesor universitario, y pese a estar en posesión de pasaporte diplomático en su calidad de diputado del Parlamento de Filipinas. Los miembros de Blockupy Frankfurt denunciaron la súbita y total prohibición oficial de todos sus actos programados y previamente aprobados por parte de las autoridades locales. Los activistas irlandeses denunciaron amenazas e intimidaciones por parte de instancias oficiales.

Mientras tanto, los activistas griegos presentes en Bruselas denunciaron el nuevo nivel al que ha subido el acoso y la violencia policiales en Grecia, no muy distinta de la militarización que se produjo de Barcelona el pasado 2 de mayo con motivo de la reunión del BCE (que incluso dio pie en Twitter al significativo hashtag #carcelona). Grecia también está tramitando una reforma legal para criminalizar la expresión pública del descontento, en línea con el proyecto español de reforma del Código Penal, que prevé dos años de cárcel para actos de desobediencia civil o resistencia pasiva. En fin, cunde la sensación de que el activismo social puede estar topando con los límites de lo que ciertos gobiernos están dispuestos a aceptar.