Abogados y árbitros ganan millones con las demandas de inversores a Estados

Un selecto grupo de despachos de abogados, árbitros y especuladores financieros internacionales está alimentando un auge del arbitraje de inversiones que cuesta a los ciudadanos miles de millones de dólares de sus impuestos e impide que se adopten leyes en beneficio del interés público, según un informe

Cuando la injusticia es negocio pone al descubierto un floreciente negocio jurídico que escapa al escrutinio público. Un selecto grupo de bufetes de abogados y árbitros legales, que se está enriqueciendo de las disputas entre inversores y Estados ante tribunales internacionales, promueve activamente nuevos casos y hace presión en contra de reformas que favorecerían el interés público.

Cecilia Olivet, una de las autoras del informe e investigadora del Transnational Institute, señala: “La presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los Gobiernos tienen las manos atadas, mientras que las multinacionales son las únicas que pueden iniciar las demandas. Un grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a los Gobiernos; mientras tanto, un  grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra Gobiernos sigan generando millones de dólares”.

En sus 76 páginas, el informe explica cómo el arbitraje de inversiones, que fue concebido originalmente para casos de expropiación directa, ha experimentado un auténtico auge en los últimos años, especialmente dada la cantidad de demandas contra gobiernos de América Latina. En 2011, estaban en marcha 450 casos conocidos, frente a apenas 38 en 1996.1 Los honorarios y las indemnizaciones también se han disparado: los costos legales y arbitrales se sitúan, como promedio, en más de 8 millones de dólares estadounidenses (USD) por caso, aunque en algunos pueden superar los 30 millones de USD.2

Este negocio está dominado por un selecto grupo de bufetes de abogados3 y árbitros4 de países del Norte. Tres grandes despachos –Freshfields (Reino Unido), White & Case (Estados Unidos) y King & Spalding (Estados Unidos)– afirman haber participado en 130 casos de tratados de inversión solo en 2011. Y sólo 15 árbitros han resuelto el 55% de todas las disputas arbitrales conocidas en base a tratados de inversión.

Muchos árbitros también actúan como abogados de las partes, además de trabajar como académicos, asesores gubernamentales, cabilderos y analistas en los medios. Algunos tienen también fuertes vínculos personales y comerciales con compañías. Todo esto les otorga una tremenda influencia sobre el sistema, en cuya continuidad tienen un especial interés.5

El informe también presenta un nuevo aspecto de la industria del arbitraje de inversiones: la financiación por terceros. Cada vez son más los fondos de inversión –como Burford (Estados Unidos) y Juridica (Reino Unido)– que especulan con casos, prestando fondos a las compañías para que estas puedan demandar a Gobiernos y, después, se quedan entre el 20 y el 50% del beneficio final.6

Entre las controversias más emblemáticas que han enfrentado a inversores y Estados estarían, por ejemplo, la protagonizada por el gigante del tabaco Philip Morris contra Uruguay y Australia por introducir advertencias sobre la salud en las cajetillas de cigarrillos, y la de la multinacional energética suiza Vattenfall contra Alemania, país al que exigía  3.700 millones de USD por haber decidido eliminar gradualmente el uso de la energía nuclear.7

Algunos Gobiernos están empezando a tomar medidas contra el arbitraje de inversiones. Australia ya no permite que se incluyan cláusulas de solución de diferencias inversor-Estado en sus tratados comerciales. Bolivia, Ecuador y Venezuela han puesto fin a varios tratados de inversión; Sudáfrica acaba de anunciar que no firmará nuevos acuerdos de inversión ni renovará los vigentes.

Pia Eberhardt, la otra autora del informe e investigadora de Corporate Europe Observatory, destaca: “La forma de operar de la industria del arbitraje de inversiones pone de manifiesto las injusticias inherentes al sistema de inversiones internacional. Los Gobiernos deberían negarse a firmar tratados de inversión, eliminar las cláusulas que permiten a las compañías demandar al Estado o, al menos, garantizar que estas no puedan menoscabar las leyes que adopte ese Estado en pro del interés público, como las de protección del medio ambiente y los derechos humanos”.

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Para más información, o para programar entrevistas contactar a: Ester Arauzo +32 (0)2 893 0930 ester@corporateeurope.org o Cecilia Olivet: ceciliaolivet@tni.org

• 1. A fines de 2011, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD-CNUCD) tenía constancia de 450 controversias entre inversores y Estados. Dado que la mayoría de los foros arbitrales están sujetos a estrictas normas de confidencialidad, es probable que el número real sea mucho mayor. En 1996, sólo se habían registrado 38 controversias de este tipo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el principal organismo mundial encargado de este tipo de procesos arbitrales (véase el capítulo 2).
• 2. En 2009/2010, se conocen 151 casos, por los que compañías reclamaban al menos 100 millones de USD a Estados. Un Gobierno acaba de ser sentenciado a pagar una indemnización de 1.700 millones de USD (véase el capítulo 2 y 3).
• 3. Los 20 bufetes de abogados más destacados son: Freshfields Brukhaus Deringer (Reino Unido); White & Case (Estados Unidos); King & Spalding (Estados Unidos); Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle (Estados Unidos); Sidley Austin (Estados Unidos); Arnold & Porter (Estados Unidos); Crowell & Moring (Estados Unidos); K&L Gates (Estados Unidos); Shearman & Sterling (Estados Unidos); DLA Piper (Estados Unidos); Chadbourne & Parke (Estados Unidos); Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos); Appleton & Associates (Canada); Foley Hoag (Estados Unidos); Latham & Watkins (Estados Unidos); Hogan Lovells (Estados Unidos / Reino Unido); Clyde & Co (Reino Unido); Norton Rose (Reino Unido); Salans (Francia); Debevoise & Plimpton (Estados Unidos) (véase el capítulo chapter 3).
• 4. Los 15 árbitros de inversiones más destacados: Brigitte Stern (Francia); Charles Brower (Estados Unidos); Franciso Orrego Vicuña (Chile); Marc Lalonde (Canadá); L. Yves Fortier (Canadá); Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suiza); Albert Jan van den Berg (Países Bajos); Karl-Heinz Bocksteigel (Alemania); Bernard Hanotiau (Bélgica); Jan Paulsson (Francia); Stephen M. Schwebel (Estados Unidos); Henri Alvarez (Canadá); Emmanuel Gaillard (Francia); William W. Park (Estados Unidos); Daniel Price (Estados Unidos) (véase el capítulo 4).
• 5. Daniel Price ha trabajado en el Gobierno, como abogado de inversiones y como árbitro. Price se ha beneficiado de los tratados de inversión que ayudó a negociar. Como asesor jurídico adjunto de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, Price negoció las disposiciones sobre inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el tratado bilateral de inversiones entre los Estados Unidos y Rusia. Cuando Rusia fue demandada por 103.000 millones de USD, en lo que ha sido la mayor indemnización exigida en un pleito de este tipo hasta la fecha, los inversores lo designaron como árbitro del caso (véase el capítulo 4).
• 6. Entre las compañías que financian arbitrajes de inversiones destacan: Burford Capital (Estados Unidos); Juridica Investments Ltd (Reino Unido); Omni Bridgeway (Países Bajos); Fulbrook Management (Estados Unidos); Calunius Capital (Reino Unido) (véase el capítulo 5).
• 7. En plena crisis de la deuda en Grecia, varios bufetes de abogados instaron a multinacionales a usar el arbitraje de inversiones para defender sus ganancias. K&L Gates sugirió a sus clientes que utilizaran la amenaza del arbitraje como un ‘instrumento de negociación’ en las negociaciones para reestructurar la deuda. Por otro lado, durante la guerra civil en Libia, varias firmas legales, entre ellas Freshfields Brukhaus Deringer, aconsejó a sus clientes sobre cómo usar los tratados de inversiones para demandar al Estado libio. Ahora, puede que el nuevo Gobierno libio deba compensar a las compañías que apoyaban el régimen dictatorial (véase el capítulo 3).