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Capítulo 2: Controversias relacionadas con tratados de inversión: Un gran negocio para la industria del arbitraje

Los tratados bilaterales de inversión pueden plantear profundos y graves riesgos a las políticas del Gobierno.

Funcionario del Gobierno sudafricano1

Después de la catástrofe nuclear de Fukushima, el Gobierno alemán decidió que abandonaría gradualmente la energía nuclear. Para proteger la salud pública, los Gobiernos de Uruguay y Australia introdujeron advertencias sanitarias obligatorias en las cajas de cigarrillos. Para corregir las desigualdades generadas por el régimen del apartheid, el Gobierno sudafricano concede a las personas negras ciertos privilegios económicos. ¿Qué tienen en común estos escenarios? Todos han sido cuestionados legalmente por compañías que consideraban que las medidas gubernamentales iban en detrimento de sus ganancias. Sin embargo, esas compañías no cuestionaron las medidas nacionales en los tribunales de los respectivos países de acogida, sino que demandaron a los Gobiernos ante un tribunal internacional de árbitros especializado en la solución de diferencias relativas a inversiones internacionales. En los últimos 20 años, muchos de estos tribunales han otorgado a grandes compañías unas cuantiosas sumas en concepto de indemnización; sumas pagadas con los impuestos de los ciudadanos y, a menudo, por leyes adoptadas democráticamente para proteger el medio ambiente, la salud pública o el bienestar social.

Algunas disputas inversor-Estado emblemáticas

Corporaciones contra la salud pública – Philip Morris contra Uruguay y Australia: Amparándose en tratados bilaterales de inversión (TBI), el gigante del tabaco Philip Morris ha demandado a Uruguay y a Australia por sus leyes antitabaco. Según la compañía, las grandes etiquetas de advertencia que deben llevar obligatoriamente las cajas de cigarrillos le impiden mostrar efectivamente sus marcas comerciales, lo cual le genera una notable pérdida de cuota de mercado2.

Corporaciones contra la protección ambiental – Vattenfall contra Alemania I y II: En 2009, la multinacional sueca de la energía Vattenfall interpuso una demanda contra el Gobierno alemán, al que exigía 1.400 millones de euros (1.900 millones de dólares3) más intereses en concepto de indemnización por las restricciones ambientales impuestas a una de sus centrales eléctricas de carbón. El caso se resolvió fuera de los tribunales, después de que Alemania aceptara relajar su normativa ambiental, exacerbando así el impacto de la central eléctrica de Vattenfall sobre el río Elba y su flora y fauna4. En 2012, Vattenfall presentó una segunda demanda, por la que reclamaba 3.700 millones de euros (4.600 millones de dólares5) por la pérdida de ganancias con respecto a dos de sus centrales de energía nuclear. El caso se planteó después de que el Gobierno alemán decidiera comenzar a abandonar la energía nuclear a raíz de la catástrofe de Fukushima6. Ambas acciones se tomaron en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, que incluye disposiciones de protección de inversiones parecidas a las de los TBI (véase el cuadro 5, página 27).

Corporaciones contra la emancipación de la población negra – Piero Foresti y otros contra Sudáfrica: En 2007, un grupo de inversores italianos demandó a Sudáfrica por su Ley de empoderamiento económico de la población negra, que persigue corregir algunas de las injusticias del régimen del apartheid. La ley exige a las compañías mineras, por ejemplo, que traspasen una parte de sus acciones a manos de inversores negros. La controversia (que se amparaba en los TBI firmados por Sudáfrica con Italia y Luxemburgo) se zanjó en 2010, después de que los inversores recibieran nuevas licencias que requerían un traspaso de acciones mucho menor7.

Corporaciones contra las medidas para mitigar las crisis financieras – CMS y otras 40 compañías contra Argentina: Cuando Argentina congeló las tarifas de los servicios públicos (energía, agua, etc.) y devaluó su moneda para responder a la crisis financiera que azotó al país en 2001-2002, se vio sorprendida por más de 40 demandas de inversores. Grandes compañías como CMS Energy (Estados Unidos), Suez y Vivendi (Francia), Anglian Water (Reino Unido) y Aguas de Barcelona (Estado español) reclamaban paquetes de compensación multimillonarios por la pérdida de ingresos8.

El auge de los tratados de inversión crea una lucrativa industria

Las bases jurídicas para la interposición de estas demandas se hallan en los tratados entre países que determinan los derechos de los inversores en sus respectivos territorios. Estos tratados internacionales de inversión otorgan amplios poderes a los inversores extranjeros, como el privilegio especial de poder presentar demandas directamente ante tribunales internacionales, sin tener que pasar necesariamente por los tribunales locales. Las compañías pueden exigir que se las indemnice por medidas tomadas por los Gobiernos de acogida que hayan perjudicado a sus inversiones. Estas medidas incluyen la expropiación directa, pero también, regulaciones de prácticamente todo tipo que el Gobierno decide imponer. El concepto de 'inversión' se entiende en un sentido tan amplio que las corporaciones pueden exigir indemnizaciones no solo por el dinero invertido, sino también por las ganancias previstas en el futuro.

Actualmente, hay más de 3.000 tratados de este tipo9. La gran mayoría de ellos son tratados bilaterales de inversión (TBI) entre dos países. Otros son tratados de libre comercio (TLC) que incluyen capítulos sobre inversiones, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN; NAFTA en inglés) entre Canadá, México y los Estados Unidos, o bien acuerdos multilaterales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, que regula las inversiones en el sector energético.

Desde fines de la década de 1990, estos tratados han desencadenado una oleada de demandas de inversores contra Estados.
En 1996, solo se habían registrado 38 controversias de este tipo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el principal organismo mundial encargado de este tipo de procesos arbitrales y que en aquel entonces llevaba ya 30 años funcionando10. Al personal del CIADI, de hecho, le preocupaba que "pronto estarían con las manos vacías"11. Pero no tenían motivos para inquietarse. En 2011, estaban ya en marcha 450 casos inversor-Estado conocidos, la mayoría de los cuales presentados por corporaciones de países industrializados contra países del Sur Global12. Y teniendo en cuenta que la mayoría de instancias arbitrales están sujetas a normas de confidencialidad, es probable que el número real de casos sea mucho mayor.

Los intereses en juego también se han disparado. En 2011, la revista The American Lawyer informó de 151 casos de arbitraje de inversiones que entrañaban costos de al menos 100 millones de dólares y se mostraba convencida de que, en su próximo estudio, esos intereses se incrementarían aún más: "Llevar una demanda de mil millones de dólares ya no es suficiente para destacar en un estudio sobre arbitraje internacional. Tampoco es suficiente ganar unos míseros 100 millones. Atención, abogados del arbitraje: lo que se necesita estos días para despuntar es una indemnización de 350 millones de dólares como mínimo"13.

Llevar una demanda de mil millones de dólares ya no es suficiente para destacar en un estudio sobre arbitraje internacional. Tampoco es suficiente ganar unos míseros 100 millones... Lo que se necesita estos días para despuntar es una indemnización de 350 millones de dólares como mínimo.

Revista The American Lawyer14

Cronología de una controversia internacional relativa a inversiones

El curso exacto de un caso de arbitraje inversor-Estado depende de las normas relevantes y de la institución que administre el caso. La mayoría de casos conocidos se manejan a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington. Las segundas normas más utilizadas son las de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI; UNCITRAL en inglés). La Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en La Haya, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), así como dos organizaciones comerciales, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, y la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), también resuelven controversias con regularidad.

A pesar de las diferencias de procedimiento, un caso de arbitraje de inversiones sigue, aproximadamente, las fases siguientes:

  • Fase 1
    El proceso de arbitraje se inicia cuando un inversor extranjero envía una notificación de arbitraje a un Estado. Ambas partes, tanto el inversor como el Estado, contarán con la asistencia de abogados (llamados consejeros o representantes de las partes) durante el procedimiento.
  • Fase 2
    El inversor y el Estado seleccionan, conjuntamente, al tribunal de arbitraje. Por lo general, cada parte elige a un árbitro y ambas designan a un tercero para que actúe como presidente.
  • Fase 3
    El procedimiento se prolonga varios años y suele celebrarse a puerta cerrada, con escasa o nula información a disposición del público; en ocasiones, ni siquiera el hecho de que hay un caso en curso.
  • Fase 4
    Los árbitros determinan finalmente si el inversor debe ser compensado, así como el tipo y el tamaño de la compensación. También asignan los costos legales del procedimiento (véase el cuadro 3). Las posibilidades de recurrir el laudo de un tribunal son muy limitadas y los Gobiernos no suelen hacerlo.
  • Fase 5
    Los Estados deben cumplir con los laudos arbitrales. Si se niegan a ello, el laudo puede ejecutarse prácticamente en cualquier lugar del mundo; por ejemplo, confiscando una propiedad del Estado en cuestión en otro país.

El crecimiento de la ind

El crecimiento de la industria del arbitraje de inversiones

A medida que ha ido creciendo el número de controversias internacionales relativas a inversiones, el arbitraje se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Nicolas Ulmer, un abogado especializado en arbitrajes de la firma suiza Budin & Partners, explicaba: "Las instituciones de arbitraje compiten por su cuota de mercado en las controversias, las legislaturas aprueban medidas que favorecen el arbitraje para atraer a este negocio, durante todo el año se organizan conferencias y talleres, se ha desarrollado una clase de árbitros prácticamente a tiempo completo y un 'colegio internacional de arbitraje' altamente especializado persigue grandes casos con avidez. Ha surgido una verdadera 'industria del arbitraje'"15.

De hecho, el arbitraje de inversiones es considerado "seguramente el área de más rápido desarrollo del derecho internacional"16. "Se ha convertido en algo sexy", declaró a los medios Yves Derains, consejero y árbitro del bufete parisino Derains & Gharavi. "Ofrece la oportunidad de contribuir a la jurisprudencia". Y es una oportunidad para promocionar tu marca. "Con los arbitrajes de inversiones, puedes presumir"17.

Hay también blogs plagados de anécdotas sobre "abogados jóvenes y prometedores que desean irrumpir en la arena del arbitraje internacional o veteranos ya experimentados que buscan hacer una transición hacia este [...] campo jurídico"18. Son cada vez las firmas de abogados que anuncian la apertura de una filial especializada en arbitrajes en ciudades estratégicas como París, Londres, Washington y Nueva York. Los eventos sobre arbitraje se multiplican como hongos en todo el mundo, con multitud de abogados "que cargan arriba y abajo con portátiles y Blackberries para asegurarse de cumplir con los plazos de los arbitrajes"19. Revistas y páginas web publican periódicamente listas con los casos más destacados, los árbitros con más casos y las firmas de abogados con mayor demanda20.

Consecuencias muy caras

Los costos del arbitraje de inversiones

El arbitraje de inversiones es muy caro; incluso antes del arreglo final de la diferencia. Tanto el Estado como el inversor deben pagar por la administración del caso. También deben pagar a los árbitros, testigos y peritos, que suelen estar repartidos por diferentes lugares del mundo y necesitan servicios de traducción y gastos de viaje y dietas. Y también deben pagar a sus propios abogados.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), "los costos del arbitraje entre inversores y Estados se han disparado en los últimos años"21. Para los casos conocidos de los que se dispone de datos, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) calculó recientemente que los costos legales y arbitrales se sitúan, como promedio, en más de 8 millones de dólares por caso, aunque en algunos pueden superar los 30 millones22. Compárese esa cifra, por ejemplo, con el costo legal medio de 194.000 dólares por parte en los pleitos relacionados con la restricción de los monopolios nacionales en los Estados Unidos23. El Gobierno filipino gastó 58 millones de dólares para defenderse en dos casos contra el operador aeroportuario alemán Fraport, una suma con la que se podrían haber pagados los salarios de 12.500 profesores durante todo un año, vacunado a 3,8 millones de niños y niñas contra enfermedades como la tuberculosis, la difteria, el tétanos y la polio, o construido dos nuevos aeropuertos24.

La mayor parte de estas sumas termina en los bolsillos de los abogados de las partes. Los profesionales de la industria calculan que más del 80 por ciento de todos los costos legales que entraña el arbitraje se gastan en concepto de representación y consejeros25. Las firmas de élite que llevan los casos cobran hasta 1.000 dólares por hora y abogado, y en muchos casos se necesita el trabajo de todo un equipo26. Según cifras del CIADI, los árbitros también se llenan los bolsillos y reciben unos honorarios de 3.000 dólares por día, además de gastos de viaje y dietas27.

El pago de los costos legales no siempre debe ser asumido por la parte perdedora. Según un estudio empírico sobre los costos del arbitraje de inversiones, "lo más habitual es que los tribunales exijan a las partes que compartan los costos del tribunal y administrativos por igual y que asuman sus propios gastos jurídicos"28. Esto significa que incluso cuando las corporaciones no ganan, los ciudadanos aún tienen que pagar millones en concepto de honorarios por servicios jurídicos. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores? Las firmas de abogados que reciben pagos multimillonarios, sea cual sea el resultado.

En el caso de Plama Consortium contra Bulgaria, por ejemplo, los honorarios por servicios jurídicos de Bulgaria ascendieron a 13.243.357 dólares, por defenderse de una demanda que, en última instancia, se consideró fraudulenta. Aunque Bulgaria fue indemnizada con 7.000.000 dólares para cubrir dichos servicios, aún se vio obligada a pagar los restantes 6.243.357 dólares29. En aquel momento, Bulgaria estaba lidiando con una crisis del sistema de salud debido a la falta de enfermeras; con ese dinero, se podría haber pagado el salario de más de 1.796 enfermeras en el país30.

Si examinas los laudos del CIADI, y en concreto los costos legales de las partes, te caerás de la silla. 6 millones, 8 millones, 12 millones... solo para las firmas de abogados.

Lars Markert, Gleiss Lutz31

El arbitraje de inversiones en aguas revueltas

Originalmente, el arbitraje inversor-Estado estaba concebido para casos de expropiación directa, cuando el Gobierno tomaba la fábrica por ejemplo. Pero el sistema está fuera de control y las multinacionales lo están utilizando para perseguir 'ganancias perdidas'. Las últimas dos décadas han visto varias demandas multimillonarias contra los supuestos efectos de la legislación pública. Corporaciones transnacionales han demandado a países desarrollados y en desarrollo de todos los continentes por adoptar medidas tributarias o políticas fiscales, prohibir productos químicos nocivos o actividades mineras, requerir que se realicen evaluaciones de impacto ambiental, introducir regulaciones sobre residuos peligrosos, etcétera32. A veces, la amenaza de una demanda ha bastado para congelar las medidas del Gobierno, haciendo que los responsables de formular políticas se den cuenta de que deben pagar para regular33.

Estos desafíos jurídicos han levantado una tormenta global de oposición crítica a los tratados y al arbitraje de inversiones. Grupos de interés público y académicos han instado a los Gobiernos a que se opongan al arbitraje inversor-Estado, alegando que este incumple las normas básicas de transparencia, independencia judicial e imparcialidad procesal, y que amenaza a la responsabilidad de los Estados de actuar en el interés de sus ciudadanos, el desarrollo económico y social, y la sostenibilidad ambiental. También se han planteado inquietudes por la ausencia flagrante de obligaciones por parte de los inversores y los términos imprecisos de muchos tratados de inversión, lo cual da pie a que los tribunales arbitrales adopten una interpretación de los derechos corporativos muy amplia y favorable a los inversores34.

La resolución de diferencias inversor-Estado... abre las puertas de cuestiones de vital interés nacional a estrechos intereses comerciales y... representa un desafío frontal a los procesos constitucionales y democráticos de elaboración de políticas.

Funcionario del Gobierno sudafricano35

Algunos países han empezado a tomar conciencia de las injusticias y las incoherencias del arbitraje internacional de inversiones y están intentando retirarse del sistema. En la primavera de 2011, el Gobierno australiano anunció que dejaría de incluir disposiciones sobre la resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados comerciales. Bolivia, Ecuador y Venezuela han puesto fin a varios TBI y se han retirado del CIADI, enviando un claro mensaje político de que se niegan a cooperar con esta instancia en el futuro. Argentina, que ha sido objeto de un alud de demandas inversor-Estado por las leyes de excepción que adoptó en el contexto de la crisis económica de 2001-2002, se niega a pagar los laudos arbitrales. Sudáfrica ha anunciado que no renovará los tratados de inversión vigentes cuando estos venzan. Y según algunas noticias, India ha decidido no incluir disposiciones sobre la resolución de diferencias inversor-Estado en sus futuros tratados de libre comercio36.

Los llamados 'usuarios del arbitraje de inversiones', las compañías multinacionales, se han movilizado en bloque para impedir toda reforma radical del sistema37. Y no han estado solas. La industria del arbitraje de inversiones está de su lado, promoviendo un sistema injusto pero lucrativo.

El arbitraje de tratados de inversión es una importante pieza jurídica e institucional del rompecabezas neoliberal porque impone unas restricciones legales y económicas excepcionalmente poderosas sobre los Gobiernos y, por extensión, sobre las opciones democráticas, con el fin de proteger de toda regulación los bienes de compañías multinacionales.

Profesor Gus van Harten, Facultad de Derecho Osgoode Hall, Toronto38

Referencias capítulo 2

  • 1. Xavier Carim, Director General Adjunto del Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica; comentario en un encuentro sobre acuerdos internacionales de inversión durante el Foro Público de la OMC, celebrado en Ginebra el 25 de septiembre de 2012; véase: Raman, Meena (2012) BITs 'not decisive in attracting investment', says South Africa, SUNS – South-North Development Monitor, 27 de septiembre, http://www.sunsonline.org/contents.php?num=7446 [08-10-2012].
  • 2. Porterfield, Matthew C. y Byrnes, Christopher R. (2011) Philip Morris v. Uruguay. Will investor-State arbitration send restrictions on tobacco marketing up in smoke? Investment Treaty News, http://www.iisd.org/itn/2011/07/12/philip-morris-v-uruguay-will-investor... [27-08-2012]; IISD (2012) News in Brief. Philip Morris files for arbitration over intellectual property dispute with Australia, http://www.iisd.org/itn/2012/01/12/news-in-brief-6/ [01-09-2012].
  • 3. Cifra basada en un tipo de cambio de 1 EUR = 1,352 USD (vigente a 17 de abril de 2009). Todas las referencias a dólares en este informe, salvo en caso de que se especifique lo contrario, aluden a dólares estadounidenses, USD.
  • 4. Bernasconi, Nathalie (2009) Background Paper on Vattenfall v. Germany Arbitration, IISD; Rechtsanwälte Günther (2012) Briefing Note. The Coal-fired Power Plant Hamburg-Moorburg, ICSID proceedings by Vattenfall under the Energy Charter Treaty and the result for environmental standards, 11 de abril.
  • 5. Cifra basada en un tipo de cambio de 1 EUR = 1,244 USD (vigente a 31 de mayo de 2012).
  • 6. PowerShift (2012) Der deutsche Atomausstieg auf dem Prüfstand eines internationalen Investitionsschiedsgerichts? Hintergründe zum neuen Streitfall Vattenfall gegen Deutschland (II), octubre.
  • 7. IIAPP (2011) Foresti v South Africa (Italy-South Africa BIT), http://iiapp.org/media/uploads/foresti_v_south_africa.rev.pdf [02-09-2012].
  • 8. Phillips, Tony (2008) Argentina versus el Banco Mundial: ¿Juego limpio o partido arreglado? (CIP). http://www.cipamericas.org/es/archives/649 [02-02-2013].
  • 9. UNCTAD (2012) World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies, p. 84.
  • 10. CIADI (2012) Carga de casos del CIADI – Estadísticas (Número 2012-1), p. 7.
  • 11. Arbitration International (2008) Birth of an ICSID Case – Act I, Scene I, Arbitration International 24:1, 5-15, p. 5.
  • 12. UNCTAD (2012) Latest Developments in investor-state dispute settlement. II A Issues Notes No 1, abril, p. 1.
  • 13. Goldhaber, Michael D. (2011) High Stakes, Focus Europe. An American Lawyer supplement, verano, 19-22, p. 22.
  • 14. Ibid.
  • 15. Ulmer, Nicolas (2010) The Cost Conundrum, Arbitration International 26:2, 221-250, p. 224.
  • 16. Lalive/UNITAR (2012) Introduction to Investment Arbitration (2012), http://www.unitar.org/event/laliveunitar-introduction-investment-arbitra... [04-09-2012].
  • 17. Casley Gera, Ravinder (2007) International arbitration. Investment arbitration – The end of the boom?, http://www.chambersmagazine.co.uk/Article/International-arbitration-INVE... [17-05-2012].
  • 18. Bench Nieuwveld, Lisa (2012) How and How? The two most commonly asked questions, 16 de marzo, blog de Kluwer Arbitration, http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2012/03/16/how-and-how-the-two-mos... [04-04-2012].
  • 19. Ibid.
  • 20. Global Arbitration Review publica una clasificación anual de las principales firmas de arbitraje y Focus Europe, un suplemento de la revista The American Lawyer, clasifica las principales firmas de arbitraje, los árbitros más activos y los laudos más importantes cada dos años.
  • 21. UNCTAD (2010) Controversias entre inversores y Estados: Prevención y alternativas al arbitraje, Nueva York y Ginebra, p. 14.
  • 22. OECD (2012) Scoping paper for Investor-State Dispute Settlement. Public Consultation: 16 May – 23 July 2012, p. 18. http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/internationalinvestmenta... [01-02-2013]
  • 23. Franck, Susan (2011) Rationalizing Costs in Investment Treaty Arbitration, Washington University Law Review 88:4, 769-852, p. 812.
  • 24. Olivet, Cecilia (2011) El lado oscuro de los acuerdos de inversión, diciembre, p. 5, http://www.tni.org/es/article/el-lado-oscuro-de-los-acuerdos-de-inversion [01-02-2013].
  • 25. Confirmado por una conferencia de profesionales en 2011; resumido aquí: http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2011/10/05/arbitral-institutions-u... [19-03-2012].
  • 26. OECD (2012), véase nota 22, p. 19.
  • 27. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2008) Derechos, honorarios y cargos (a partir del 1 de enero de 2012), p. 1.
  • 28. Franck, Susan (2011), véase nota 23, p. 777.
  • 29. Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (ICSID Case No.ARB/03/24).
  • 30. Cifra basada en un tipo de cambio de 1 EUR = 1,32 USD y un salario mensual promedio de 220 EUR, según datos de: European Federation of Nurses Associations (2012) Caring in Crisis. The Impact of the Financial Crisis on Nurses and Nursing, p. 8.
  • 31. Markert, Lars (2012) "Investitionsrecht aus der anwaltlichen Praxis", presentación en el International Investment Law Centre Cologne, 18 de mayo; traducción de Pia Eberhardt.
  • 32. International Institute for Sustainable Development (2011) Investment Treaties and Why They Matter to Sustainable Development, Questions and answers, p. 7.
  • 33. Tienhaara, Kyla (2010) Regulatory chill and the threat of arbitration: a view from political science, http://ssrn.com/abstract=2065706 [16-11-2012].
  • 34. Para ejemplos de la crítica académica del sistema de arbitraje de inversiones, véanse las siguientes dos declaraciones: http://tpplegal.wordpress.com/open-letter/; http://www.osgoode.yorku.ca/public_statement. Se pueden consultar muchos trabajos críticos elaborados por grupos de interés público en la página web de la Red por la Justicia Social en la Inversión Global: es.justinvestment.org.
  • 35. Raman, Meena (2012), véase nota 1.
  • 36. Para una panorámica general del creciente descontento con el sistema de arbitraje de inversiones, véase: UNCTAD (2012) World Investment Report 2012. Towards a new generation of investment policies, pp. 86ff.
  • 37. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de Australia (ACCI) está cabildeando en contra de la decisión del Gobierno australiano de dejar de incluir disposiciones sobre la resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados comerciales. Véase: http://acci.asn.au/Research-and-Publications/Media-Centre/Media-Releases....
  • 38. Van Harten, Gus (2010) Five Justifications for Investment Treaties. A Critical Discussion, Trade, Law & Development 2:1, p. 5.

 

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