La política económica debería contribuir a la lucha contra la injusticia social y el cambio climático, en lugar de, beneficiar a especuladores y grandes contaminadores.
Desde junio de 2016, el Banco Central europeo (BCE) ha inyectado 67.000 millones de euros en la economía de la eurozona para sufragar la compra de bonos corporativos. Este programa contribuye al sostenimiento de compañías cuya actividad genera enormes emisiones de gases de efecto invernadero en plena crisis climática.